Las razones de un odio
Podemos volver ahora a los términos de nuestro problema inicial: vivimos en sociedades y Estados que se llaman «democráticos» y se distinguen por este término de las sociedades gobernadas por Estados sin ley o por la ley religiosa. ¿Cómo comprender que, en el seno de estas «democracias», una intelligentsia dominante, cuya situación evidentemente no es desesperada, y que no aspira demasiado a vivir bajo otras leyes, acuse, día tras día, de todas las desgracias humanas, a un solo mal, llamado democracia?
Pongamos las cosas en orden. ¿Qué queremos decir exactamente cuando decimos vivir en democracias? Estrictamente entendida, la democracia no es una forma de Estado. Está siempre más acá y más allá de estas formas. Más acá, como el fundamento igualitario necesario y necesariamente olvidado del Estado oligárquico. Más allá, como la actividad pública que contraría la tendencia de todo Estado a acaparar la esfera común y a despolitizarla. Todo Estado es oligárquico. El teórico de la oposición entre democracia y totalitarismo lo acepta fácilmente: «no se puede concebir régimen que, en algún sentido, no sea oligárquico». Pero la oligarquía da a la democracia más o menos lugar, es más o menos corroída por su actividad. En este sentido, las formas constitucionales y las prácticas gubernamentales oligárquicas pueden ser llamadas más o menos democráticas. Se toma habitualmente la existencia de un sistema representativo como criterio pertinente de la democracia. Pero este sistema es, en sí mismo, un compromiso inestable, una resultante de fuerzas contrarias. Tiende hacia la democracia en la medida en que se relaciona al poder de no importa quién. Desde este punto de vista, se pueden enumerar las reglas que definen el mínimo que permite declarar democrático a un sistema representativo: mandatos electorales cortos, no acumulables, no renovables; monopolio de los representantes del pueblo sobre la elaboración de las leyes; prohibición a los funcionarios del Estados de ser representantes del pueblo; reducción al mínimo de las campañas y las despensas de campaña, y control de la injerencia de las potencias económicas en los procesos electorales. Semejantes reglas no tienen nada de extravagante y, en el pasado, muchos pensadores o legisladores, las han examinado con atención, como medio de asegurar el equilibrio de los poderes, de disociar la representación de la voluntad general de la de los intereses particulares, y de evitar lo que consideraban el peor de los gobiernos: el gobierno de los que aman el poder y son diestros en apoderarse de él. Sin embargo, basta hoy enumerarlos para suscitar la hilaridad. A justo título: lo que llamamos democracia es un funcionamiento estatal y gubernamental exactamente contrario: elegidos eternos, que acumulan o alternan funciones municipales, regionales, legislativas o ministeriales, y que sujetan a la población por el lazo esencial de la representación; gobiernos que hacen las leyes por sí mismos; representantes del pueblo masivamente resultantes de una escuela de administración; ministros o colaboradores de ministros reubicados en empresas públicas o semi-públicas; partidos financiados por el fraude en los contratos públicos; hombres de negocios que invierten sumas colosales en la persecución de un mandato electoral; patrones de imperios mediáticos privados que se apoderan a través de sus funciones públicas del imperio de los medios públicos. En resumen: el acaparamiento de la cosa pública por una sólida alianza de la oligarquía estatal y de la oligarquía económica. Se comprende que los críticos del «individualismo democrático» no tengan nada que reprochar a este sistema predatorio de la cosa y del bien público. De hecho, estas formas de consumo excesivo de los empleos públicos no dependen de la democracia. Los males de los que sufren nuestras «democracias» son antes que nada los males ligados al apetito insaciable de los oligarcas.
No vivimos en democracias.
